Todo empezó hace catorce años. La idea la deslizó en HOY Carlos Castro, entonces decano de Biblioteconomía, una titulación que comenzó su andadura en la Universidad de Extremadura en 1995 en unas precarias instalaciones de la residencia Hernán Cortés en Valdepasillas. Entonces la intención de Castro de trasladar a estos alumnos a la Alcazaba estaba sin matizar, al menos arquitectónicamente.
Que los universitarios tomaran de lunes a viernes una fortificación almohade abandonada a su suerte era un reto y una oportunidad para el monumento más preciado de un casco antiguo que iniciaba lentamente su recuperación. Como la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrónomos, sería la segunda vez que la universidad salía del campus pacense, aunque nunca antes con una intencionalidad tan clara.
Un año después, el 26 de julio de 1996, Juan Carlos Rodríguez Ibarra recogió el guante y se entrevistó con dos de sus consejeros, el alcalde de Badajoz y el rector. Se pusieron a desarrollar una idea para algunos descabellada pues para buena parte de la ciudadanía subir a la Alcazaba daba miedo.
Pocas veces estas dos administraciones de distinto signo político, con el visto bueno de la Universidad de Extremadura, caminaron tan unidas. La maquinaria administrativa se puso en marcha y tras la compra por parte del consistorio al Ministerio de Defensa del viejo Hospital Militar, un pleno del 21 de septiembre de 1996 cedía el inmueble a la Junta. Ya había 10.121 metros cuadrados disponibles para poner en pie la idea surgida en 1995, curiosamente el año en que se fundaba Amigos de Badajoz.
La Consejería de Cultura se unió al proyecto. Planteaba que allí también se instalara la Biblioteca Regional de Extremadura, pues Ibarra entendía que era lo idóneo, igual que un hospital clínico está junto a una Facultad de Medicina. Junta y Ayuntamiento no podían estar más de acuerdo. La decisión estaba tomada, la obra sería compleja, pero la primera piedra se colocó el 2 de abril de 1998.
Los trabajos avanzaban lentos, pero reubicar a jóvenes en un lugar relacionado con toxicómanos ya era un obstáculo superado. Lo demuestra que en febrero de 1999 alumnos de Biblioteconomía se concentraran en la Alcazaba para protestar por el retraso de la obra. Estaban impacientes.
Un año antes, ya se conocía el proyecto de los arquitectos ganadores del concurso de ideas: Gonzalo Moure y Enrique Colomés, con estudio en Madrid. También se sabía que el proyecto de Biblioteconomía exigía tirar partes del inmueble de dudoso valor patrimonial y levantar estructuras nuevas. El Ayuntamiento no puso pega, pero envió la documentación a la Comisión provincial de Bienes Inmuebles y Patrimonio antes de conceder la licencia de obra. En aquella comisión de expertos los Amigos de Badajoz fueron invitados, incluido su presidente Antonio Manzano. Votaron a favor, aunque después se retractaría diciendo que se sentían engañados pues ante tanto plano y una maqueta aislada no cayeron en cómo afectaba la nueva construcción al perfil de una Alcazaba dominada por la Torre de Espantaperros.
La obra comenzó, la estructura asomó y el 17 de junio de 2000 Amigos de Badajoz anunció que había pedido la paralización de la obra. Su argumento, que los trabajos en el Hospital Militar modificaban la visión de La Alcazaba. Acusaba a la Junta de Extremadura de «total falta de respeto y cariño por el monumento» y se refería al diseño de Moure y Colomés como «un alarde inaceptable de protagonismo arquitectónico». La asociación proponía una cubierta de tejas y materiales y texturas menos agresivos con el paisaje que acuñaron los árabes en el siglo XII sobre el Cerro de la Muela.
Dos días después la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, pidió a la Junta que considerara este posible impacto. Desde la Consejería de Cultura la réplica no se hizo esperar tachando de «irresponsables» a Amigos de Badajoz porque querían paralizar la obra cuando habían votado antes a favor. Hasta la asociación Amigos de los Castillos se puso del lado de la Junta, igual que la oposición socialista, que si bien admitía cierto impacto, la intención final debería tener más peso. Las espadas estaban el alto.
Lógicamente, los arquitectos autores del proyecto salieron a la palestra. En septiembre del año 2000 se mostraban sorprendidos y pedían que se dejara terminar el conjunto arquitectónico para que pudiera ser observado «una vez alcance toda su significación». Estaban seguros de que la polémica se agotaría en cuanto el edificio se adaptara a sus nuevas funciones. Nada más lejos de su deseo.
El 19 de noviembre del año 2000 la asociación interpuso el contencioso y antes de que llegara el verano de 2001 finalizó la obra. En octubre llegaron los alumnos. Mientras cientos de jóvenes caminaban a diario hacia la La Alcazaba, la denuncia de Amigos de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura seguía su recorrido. Amigos de Badajoz, que por aquel entonces disponía de un despacho de apenas 50 metros cuadrados en la calle Afligidos, con un teléfono-fax y poco más, demandaba al Ayuntamiento de Badajoz, a la empresa constructora Necso Entrecanales y Cubierta S. A. y la Junta de Extremadura.
Y el 24 de febrero de 2003 se dictaba la primera sentencia: «se condena a la Corporación Local mencianda a la restauración de los Bienes del Patrimonio Histórico de la situación existente con anterioridad a las obras autorizadas con al licencia impugnada (sic)». El 10 de marzo Junta y el Ayuntamiento anuncian que recurrirían aquel inesperado fallo judicial. Mientras, Izquierda Unida pedía la dimisón del consejero de Cultura Francisco Muñoz y la concejala de Urbanismo Cristina Herrera, que veía una posible solución en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, según declaró ella misma, levantando la protección integral que tienen edificios existentes en la Alcazaba, algo similar a lo que se hizo con la vieja plaza de toros antes de edificar el Palacio de Congresos junto al baluarte de San Roque, con la diferencia de que esto se tramitó antes de conceder la licencia de obras, no después.
El recurso retrasó la ejecución de aquella sentencia favorable a un colectivo que se financia con cuotas de 12 euros anuales que pagan sus aproximadamente 500 socios. Además, se ahorra la minuta del abogado José María García Morán, socio de Amigos de Badajoz que les lleva altruistamente el caso.
Mientras el recurso de casación seguía su curso, una nueva titulación, Comunicación Audiovisual, ya se había sumado a los estudiantes de Biblioteconomía y Documentación en el polémico edificio de la Alcazaba, por otra parte alabado por muchos arquitectos, aunque maticen que en realidad no es un cubo, sino un ortoedro. Y en este periodo de recursos comprendido entre 2003 y 2007, año en que rebrotó la polémica, resulta inevitable reseñar que la asociación concedió en sus premios anuales de 2006 un galardón al Ayuntamiento de Badajoz como 'Amigo del año' por las rehabilitaciones que estaba llevando a cabo en la ciudad (claustro de San Agustín, Jardines de la Galera, Torre de Espantaperros, ...).
19 de Septiembre de 2007, notición. El recurso no ha prosperado. Obligan al Ayuntamiento a derribar parte de la Facultad de Biblioteconomía. Se trata de cuatro plantas que contienen el salón de actos, 30 despachos de profesores y parte del aulario, así como el rebaje en 1.35 metros de la cubierta del Hospital Militar. El alcalde Miguel Celdrán reitera la buena fe que siempre hubo, pero declara: «El tema está cerrado definitivamente y se le da la razón a Amigos de Badajoz, nos guste o no nos guste».
El juez da un plazo de un mes, pero una demolición de semejante envergadura tardaría ocho meses, según los técnicos municipales, que envían un proyecto básico de derribo. Simultáneamente toma forma la alternativa de enviar a los estudiantes al campus y mientras la asociación recibe toda clase críticas por ser tan consevadora y también apoyos por encarar y vencer a dos administraciones juntas, su presidente recuerda que la obra costó 4,8 millones de euros y exige responsabilidades políticas, pero nadie dimite. A continuación, el recién llegado concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, revela que el derribo costaría ocho millones de euros. La indignación es generalizada.
Pero ocurre algo inesperado. Abril de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, dicta un auto en el que estima inejecutable el derribo. La modificación del PGOU, ahora Plan General Municipal (PGM) parece la salvación de los políticos y del edificio. Pero un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de Amigos de Badajoz devuelve la ventaja a la asociación, que el pasado 21 de octubre obtuvo una sentencia favorable y definitiva.
Teniendo en cuenta que un fallo del Supremo es inapelable y que cualquier vecino podría pedir la ejecución debido a que el urbanismo es una materia sujeta a la acción pública, sólo queda saber cuándo subirán las máquinas a la Alcazaba, si durante el curso académico o en vacaciones, una incógnita que nadie ha despejado ante unos alumnos desconcertados y una ciudadanía que aún no se cree el coste económico y social que puede tener toda esta historia.
