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21 dic. 2013

CARTA ABIERTA SOBRE EL ABORTO A GALLARDÓN

FUENTE: www.huffingtonpost.es
Mire este mapa, ministro Gallardón:
mapa
Mapa interactivo: Center for the Reproductive Laws, The World´s Abortion Laws 2013
En 2014, si se aprueba la ley cuyo anteproyecto acaba de anunciar, España pasará del color verde al color rojo, se alejará de los países de nuestro entorno y quedará así equiparada con los que, mayoritariamente en Latinoamérica, África y Oriente Próximo, prohíben o imponen duras restricciones a las mujeres que desean abortar. También con Polonia, Irlanda y Malta, las excepciones europeas en el mundo occidental a las que pronto se sumará nuestro país.
En 2014, las mujeres españolas que quieran interrumpir su embarazo -las que no hayan sido violadas, o cuyos fetos no sufran malformaciones que pongan en riesgo su salud- lo harán, diga lo que diga la ley. Si tienen recursos, podrán hacerlo con garantías y sin miedo:
en Francia,
en Portugal,
en Reino Unido,
en Italia,
en Alemania,
en Bélgica,
en Holanda,
en Dinamarca,
o en Grecia, por citar algunos países de nuestro entorno.
Otras lo harán de manera clandestina, como se hacía en este país -y lo recordamos con horror- hasta 1985.
No hay ley que pueda obligar a ser madre a una mujer que, por las razones que sea, no quiere serlo. Y tampoco su ley lo va a conseguir, Ministro, aunque sí agravará la situación de cerca de cien mil mujeres que cada año afrontan un embarazo no deseado.
Ministro, he perdido la cuenta de las veces que ha utilizado hoy en rueda de prensa la frase "las españolas que aborten no tendrán reproche penal" al presentar esta ley que endurece, castiga e imposibilita que, en la práctica, las mujeres puedan abortar. El énfasis melodramático con el que pronunciaba esta frase me hace preguntarme si realmente cree que la "falta de reproche penal" es un avance social, cuando la ley es un bofetón en toda regla a la autonomía y los derechos de las mujeres.
Además, Ministro, hace usted trampas al citar Naciones Unidas como avalista de su ley, cuando esta contraviene los acuerdos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que España ha firmado, y cuando nada en la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad hace referencia a los nasciturus.
La "Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada" está inspirada por el ala más ultra y extrema de su partido, plegado a los sectores más rancios de la jerarquía católica, esa jerarquía que tanto añora las mujeres sumisas y obedientes. Es obvio que su partido es ideológicamente más amplio: en él se incluye también una derecha liberal, civilizada y socialmente avanzada, como la que en Europa convive o incluso promueve, sin contradicción, leyes de interrupción del embarazo muy similares a la ley de plazos que se propone derogar. Me pregunto si los diputados y diputadas populares de esa otra derecha van a tener libertad para votar esta ley en conciencia, y si se les permitirá votar en contra, abstenerse o ausentarse del Congreso cuando llegue el momento.
Ministro, esta ley no impedirá que haya nuevos abortos, pero sí aumentará la angustia y la desprotección de todas, y especialmente de las mujeres más jóvenes, más vulnerables y con menos recursos. Imponer a todas las mujeres una legislación inspirada en una moral y una ideología que no es compartida por la gran mayoría de la población es un gravísimo error. Que Mariano Rajoy asegure que da luz verde a esta ley "porque estaba en el programa electoral del PP" es, además, de un cinismo rampante. Hoy precisamente se cumplen dos años de su investidura como presidente del gobierno: qué regalo tan amargo, y tan innecesario, le ha hecho para celebrarlo, Ministro.

UN GOBIERNO CON POCAS LUCES

Las eléctricas arremeten contra el Gobierno, al que acusan de “cargar sus errores” en los consumidores y las empresas

  • Unesa denuncia que el ministro Soria ha fracasado con su reforma energética y minimiza el impacto de la subasta el jueves, anulada por el Gobierno, en el precio de la luz
  • Asegura que "está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear errores políticos"

FUENTE: www.infolibre.es

El ministro de Industria, José Manuel Soria.  BALLESTEROS
El ministro de Industria, José Manuel Soria. BALLESTEROS
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha arremetido contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, al que ha acusado de lanzar contra las empresas eléctricas acusaciones "muy graves" de manipulación de los precios, de fracasar con su reforma energética y de "cargar sus errores" sobre empresas y consumidores.

La patronal de las eléctricas ha hecho público un comunicado en el que afirma que las compañías manifiestan "su absoluto rechazo a las graves alusiones" lanzadas por Soria, en el diario Abc,en las que sugiere que ha habido un comportamiento irregular de dichas compañías en la reciente subasta de la CESUR.

En dicha entrevista, el ministro afirma que "ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios" y añade que "existe mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas". Para Unesa, esta declaración "parece querer sugerir que las empresas eléctricas han perturbado el normal funcionamiento de una subasta en la que ellas no suponen más allá del 10% de la oferta total, pues el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y 'traders' extranjeros de energía", explica Unesa.

En opinión de la patronal eléctrica, se trata de "una acusación muy grave" por parte de un administrador público y recuerda que los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) no detectaron 'in situ' ninguna irregularidad en el desarrollo de la subasta y el informe en las primeras conclusiones publicadas en el BOE no alude, en absoluto, a una "manipulación burda de los precios" y sí, en cambio, a errores técnicos.

Además, Unesa subraya que estas declaraciones suponen "un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados de las compañías eléctricas, al haberse realizado en un tono y con unos términos que sugieren que se podría haber incurrido en algún género de responsabilidad".

La asociación recuerda que las condiciones de la subasta las fija el regulador y las empresas eléctricas "tienen un papel absolutamente marginal en el precio resultante" de esa subasta. Además señala que han declarado muchas veces que no son favorables a que un mecanismo financiero determine casi la mitad de la tarifa eléctrica.

"Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la reforma emprendida por el ministro; una reforma que, por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios, está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de los Gobiernos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico", afirma Unesa.

La patronal considera que "la reforma carga los errores del Gobierno sobre empresas eléctricas y consumidores que han hecho un esfuerzo multimillonario para financiar una reforma que ha fracasado el mismo día en el que fue aprobada. Esto sí que es motivo de preocupación en las sedes de las empresas eléctricas", subraya.

Por todo ello, ha exigido que se clarifique "urgentemente y con la mayor transparencia y rapidez" el resultado del informe sobre el análisis de la subasta celebrada el pasado jueves y que ha sido anulada por el Gobierno.

Además, ha pedido que se publiquen los nombres de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo, ya que, según ha indicado, "se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas".

En opinión de Unesa, los problemas de la factura eléctrica se han producido hasta el día de hoy en la parte regulada del recibo y no en el precio de la energía fijado en la subasta.

Según su análisis, "dichos precios, incluso hoy en día y a pesar de las recientes subidas, están perfectamente en línea con los de otros países de nuestro entorno europeos, como por ejemplo Gran Bretaña, Francia o Italia. No estando aquí la explicación del alto coste de la factura que se produce en la parte regulada por el Gobierno que si está muy por encima de los países europeos".

ZAPATERO EN EL INTERMEDIO: DOS PARTES



ANDRO REY...



DE LO MEJOR DE LA VUELTA TELEVISIVA DE BUENAFUENTE Y BERTO

ZASCAAA !!

LEY DEL ABORTO

Así será el día a día con la nueva ley del aborto: diez casos personales

FUENTE: www.eldiario.es

Diez situaciones posibles para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo con la nueva ley del PP
Mujer en sombra. \ Bernardo Bolaños


















Mujer en sombra. \ Bernardo Bolaños

Si finalmente entra en vigor el anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida 
del Concebido y de los Derechos de la Mujeres Embarazadas, las mujeres 
que quieran abortar en España se encontrarán con grandes dificultades para hacerlo. 

Si con la ley actual de plazos, aprobada en 2010, las que quieren interrumpir 
de forma voluntaria su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación
 -el 89,77% de las que abortan lo hacen antes de las 12 semanas- no deben acreditar 
ninguna razón, con la futura reforma deberán siempre justificar con un dictamen 
médico que seguir con el embarazo pone en riesgo su salud mental. 
A continuación explicamos cómo las mujeres podrían abortar en España 
de aprobarse la reforma del PP, en base a la información ténica facilitada 
por el Ministerio de Justicia, con casos ficcionados basados en datos y 
perfiles reales.
1. Ana y sus padres
Ana tiene 16 años, vive con sus padres y se ha quedado embarazada.
La noticia es unshock para sus padres, pero están de acuerdo 
con ella en no seguir adelante con el embarazo. 
Ellos deben, por ley, consentir el aborto. 
Van al médico de cabecera, donde la joven explica que está 
sometida a un fuerte estrés y ansiedad por la situación, 
que si sigue con el embarazo puede afectar a su salud mental. 
Tiene suerte. Su médico no se declara objetor de conciencia. 
La remite con carácter de urgencia a una consulta psiquiátrica. 
Este especialista deberá acreditar que efectivamente la salud 
mental de Ana peligra. Además, Ana y sus padres deberán buscar 
otro especialista médico, de un centro diferente de donde se 
vaya a practicar el aborto, que firme el dictamen que acredita 
el riesgo. Pero eso no es todo.
A continuación, Ana deberá acudir a los Servicios Sociales 
de su Comunidad, donde le informarán por escrito y de manera 
verbal, "que la vida del no nacido constituye un bien jurídico 
protegido por la Constitución". Además, le explicarán las 
prestaciones sociales, públicas y privadas, a las que tiene 
derecho en caso de continuar con el embarazo y le contarán 
"las alternativas existentes" al aborto como la adopción. 
Le darán un certificado con la fecha en la que ha recibido 
esta información. Otro médico, ajeno al centro en el que 
se realizará el aborto, deberá explicarle "los riesgos que 
la interrupción voluntaria del embarazo puede conllevar para 
la salud de la mujer y para su maternidad futura", entre otros 
aspectos. Es un trago muy difícil, pero tras recibir toda esta 
información, Ana se mantiene en su decisión de abortar. 
Pero todavía tendrá que esperar siete días, el periodo de 
reflexión al que obliga la ley. Pasado ese tiempo, Ana puede 
ya interrumpir su embarazo, después de firmar el consentimiento 
informado que requiere cualquier intervención hospitalaria.
2. Marta y su padre maltratador
Marta acaba de cumplir 17 años y acaba de enterarse que está 
embarazada. No quiere ese hijo. Así que acude con una amiga 
a los servicios sociales. Allí le dicen que si quiere abortar,
 además de acreditar que corre peligro su salud mental con un 
dictamen firmado por dos médicos, necesita el consentimiento 
de sus padres. Marta le cuenta al trabajador social que su 
padre la maltrata y tiene muchísimo miedo de contarle lo que 
ocurrido. Le informan que en su caso puede solicitar al 
Juzgado Civil de Instrucción que decida sobre su situación. 
Debe explicar sus "circunstancias personales", así como 
"la identidad del médicos que van a realizar la intervención 
y de las personas interesadas en el procedimiento". Marta 
también deberá incluir, en su caso, el informe médico que 
acredita que su salud mental corre peligro, los certificados 
que constatan que ha recibido la información de los servicios 
sociales y de los riesgos médicos de someterse a un aborto. 
En un plazo no mayor a 15 días el juez puede investigar toda 
la información que considere relevante para tomar su decisión. 
Él será quien diga si Marta tiene la madurez suficiente para 
tomar esta decisión sin el consentimiento paterno.
3. Berta lo quiere tener
Berta apenas ha cumplido 14 años y estudia Segundo de la ESO. 
Hace pocos meses que sale con un chico, su primer novio, y 
tiene seis semanas de gestación. Ella solo piensa en seguir 
adelante con su embarazo. Pero al contárselo a sus padres 
estos se oponen, creen que es muy joven para ser madre, 
y quieren que aborte. Ella decide presentar una solicitud 
de amparo al juez, quien tras escuchar a los padres y a la 
joven, decide darle la razón a los padres ya que como Berta 
tiene 14 años el magistrado debe atender "principalmente al 
consentimiento manifestado por los padres". Sin embargo, 
podría darse el caso de que el juez considerara que la decisión 
de los padres “fuera contraria a la protección del interés 
de la mujer”, y resolviera que Berta puede seguir con su embarazo. 
4. Natalia quiere una carrera
A Natalia le quedan dos años para terminar Medicina. 
Le sorprendió mucho su embarazo porque usaba un método 
anticonceptivo. Pero después de unos días de desconcierto 
y de una conversación con su novio ha decidido que no quiere 
tener al bebé. Quiere continuar con sus estudios y es una 
responsabilidad que no puede asumir. Acude a los servicios 
sociales y le dan toda la información que está obligada a 
recibir por ley. No le importan las ayudas que haya, ella no 
quiere tener un hijo. Lo de tener que esperar una semana 
entera la mortifica, le parece una crueldad innecesaria. 
La ansiedad incluso la lleva a Urgencias una noche. Son 
siete días eternos hasta que finalmente puede abortar. 
La intervención va bien, pero la recuperación tarda. 
Han sido muchas semanas de angustia, de sentirse presionada 
para cambiar su decisión.
5. Cristina, la crisis y el miedo
Cristina y su marido llegaron hace cinco años de Ecuador. 
Tiene 32 años y de momento las cosas no han sido fáciles. 
El dinero no abunda. Él está en el paro desde hace tiempo, 
y a ella le han reducido la jornada laboral, y por tanto 
su sueldo, en la empresa de limpieza donde trabaja. 
Ella quiere tener un hijo, pero tras una tristísima charla 
han decidido que la falta de recursos pesa más. Tendrán hijos 
cuando tengan más medios. Acuden a los servicios sociales, 
donde le dan toda la información social, así como la médica. 
Es un proceso muy doloroso. Y tarda demasiado. Su marido 
incluso le plantea acudir a un conocido del que le han 
dicho que hace abortos sin necesidad de los trámites. 
Ella se resiste. En los siete días de reflexión, Cristina 
no deja de pensar y asustarse ante las palabras del médico, 
que les ha explicado los riesgos que el aborto puede 
conllevar. Les ha dicho incluso que podría no volver 
a quedarse embarazada. Una amiga la anima diciéndole 
que es un riesgo mínimo. Finalmente le dan cita en una 
clínica. Por suerte cuenta con el apoyo de su pareja. 
Después de largas semanas el calvario ha acabado. 
La preocupación no.
6. Beatriz se va a Londres
Beatriz tiene 35 años, vive con su pareja desde hace 
tiempo y ambos tienen unos trabajos que les permiten 
vivir de manera holgada. Acaban de saber que ella está 
embarazada, pero han decidido abortar porque no quieren 
tener hijos. Nunca los han querido. Como pueden permitírselo
, acuden directamente a una clínica privada donde les 
informan de los pasos a seguir, como que deben tener un 
dictamen médico, firmado por dos especialistas, que acredite
que la salud mental de Beatriz corre peligro si sigue 
con el embarazo, y que también deben acudir a los servicios 
sociales. Beatriz no está dispuesta a que un médico diga 
que sus facultades mentales quedarían perjudicadas si sigue 
con su embarazo. Pero no tiene otra opción. No tiene ninguna 
posibilidad de elegir salvo alegar una enfermedad psíquica. 
Así que ella y su pareja optan por viajar a Londres, 
donde una amiga les ha concertado ya una cita en una 
clínica. En menos de una semana están de vuelta en España.
7. Familia numerosa
Paula tiene tres hijos, de seis, cuatro y dos años. 
Le encanta tener una familia numerosa. Pero se ha vuelto 
a quedar embarazada. Pasan unas semanas de dudas, 
de plantearse y replantearse el asunto. Finalmente ella
y su marido deciden no tener un cuarto hijo. 
Está de 12 semanas cuando acude a su médico de cabecera 
para explicarle que seguir con el embarazo le genera un 
estado de ansiedad terrible. El médico le contesta que 
no puede ayudarla porque es objetor de conciencia ante 
el aborto. Paula y su marido, desconcertados, acuden a 
otro médico del mismo centro, que les responde lo mismo. 
La desesperación crece. Y entre tantos intentos, 
las ausencias de ambos en el trabajo empiezan a generar 
problemas. No lo han contado por miedo a la presión de 
los demás. Finalmente, un tercer sanitario les deriva a 
la consulta de psiquiatría y les hace el favor de llamar 
para que la atiendan cuanto antes. Pero la mala suerte 
hace que den con una especialista que se niega a emitir 
el informe médico. Teme que el certificar riesgo psíquico 
en una mujer que es felizmente madre pueda acabar en una 
demanda de algún grupo de los denominados provida
Desesperados y ya con varias semanas de gestación, 
deciden concertar y pagar una cita en un centro privado 
para lograr el dictamen médico. Respiran aliviados al 
saber que los trabajadores sociales de la red pública no 
pueden acogerse a la objeción. Finalmente Paula puede 
interrumpir su embarazo, ya con 18 semanas de gestación.
8. Irene y su doble drama
Irene, de 34 años, sufre un doble drama y no puede 
compartirlo con nadie. No fue capaz de contar ni siquiera 
a su familia que fue violada por un chico que había 
conocido en una discoteca. No lo denunció. Y ahora 
sabe que está embarazada de 10 semanas. Bajo ningún 
concepto quiere tener el bebé. En el hospital le explican 
que debe acreditar la violación con una denuncia -un 
requisito indispensable en caso de violación- y que debe 
acudir a los Servicios Sociales para que le informen de 
todo el proceso. La cita se retrasa y tiene miedo que pase 
el plazo máximo de 12 semanas en los que el aborto es legal 
en caso de violación. Son días de desesperación, porque 
además hay que contar con la obligatoria semana de reflexión
hasta poder interrumpir su embarazo a tiempo.
9. Martina y el dilema
Martina y su marido quieren desde hace tiempo tener un 
hijo. Por fin ella se ha quedado embarazada y todo 
transcurre bien hasta que su ginécologo les informa de 
que el bebé nacerá con síndrome de Down. Está embarazada 
de 14 semanas, pero ambos creen que no están preparados 
para asumir esa responsabilidad. Deciden no tener un 
hijo en estas condiciones. Les dicen que necesitan un 
informe, firmado por dos médicos distintos, que acredite 
que de seguir adelante con el embarazo la salud mental de 
Martina está en peligro. El paso por los servicios 
sociales es durísimo. Allí le informan de las supuestas 
ayudas que tendría y de los recursos con los que cuenta 
la red pública (y privada) para casos de niños con esa 
discapacidad. Pero ellos siguen sin sentirse capaces. 
Y piensan en qué pasará con ese hijo si ellos mueren. 
Tras obtener el certificado de haber recibido la información 
médica y con el dictamen médico en la mano, Martina 
finalmente puede abortar.
10. Pilar y el peor diagnóstico
Pilar está ya en la 22 semana de embarazo. 
Ella y su pareja esperan impacientes la llegada 
de su segunda hija. Pero en la última visita a su 
ginecólogo les han dado una mala noticia: el feto 
tiene anencefalia, un anomalía muy grave. 
Los médicos le han dicho que morirá al poco de nacer. 
Ante esta situación y por mucho que la pareja quiera 
tener a su hijo, no quieren llevar el embarazo hasta 
el final sabiendo que el niño mórirá enseguida. 
Les explican que un médico debe acreditar esta "anomalía"
 del feto y que además otro especialista debe 
certificar que esa "anomalía incompatible con la vida" 
supone un grave peligro para la salud psíquica de Pilar. 
Al dolor de conocer el peor diagnóstico para su bebé 
se suma un peregrinar por especialistas y psiquiatras 
que conviertan su caso en apto para someterse 
a una interrupción del embarazo.

COMO DICE PABLO IGLESIAS: 

Defender la vida es ante todo defender la dignidad 
mientras viven las personas. La ley del aborto es 
una gran muestra de hipocresía, pero sobre todo, 
tal y como ocurría en su tiempo con la caza de brujas,
Su principal objetivo es controlar el cuerpo de las 
mujeres y restringir el derecho a decidir. 
La pregunta de la política es siempre 
¿Quién decide qué?