Después de la extinción del movimiento del 15-M se procedió a
recoger la baraja para repartir de nuevo las cartas, tanto en el ámbito
político como en el mediático. En el primero, se levantó acta del fin
del bipartidismo, y en el segundo, sucedió que las cabeceras de
referencia hubieron de convivir con otras surgidas sin respeto al
horario ni a las costumbres —que traían valores estimables muchas veces
pervertidos enseguida— a las que sus predecesoras por su bien intentaban
domesticar, como dice la canción de esos locos bajitos de
Joan Manuel Serrat.
Pero mientras se oyen músicas militares, se lanzan arengas que
ambientan los enfrentamientos y se preparan las trincheras mediáticas
vale la pena ofrecer algunas consideraciones en frío.
Andamos en campaña electoral desde septiembre de 2015 y esa situación
va a redoblar su intensidad hasta el 26 de junio, fecha del regreso a
las urnas. Un proceso que ni pintado para la exaltación de las
diferencias entre las fuerzas políticas contendientes, incitadas a
complacer al público, que siempre reclama más caña. Pero si de la bronca
política pasáramos a la mediática, podríamos comprobar cómo al hilo de
los papeles de Panamá, a partir de los datos en bruto y de los
refinados, compitiendo en la captura del recurso más escaso —la atención
del público—, se han declarado guerras donde, como en las Malvinas, se
han querido imponer zonas marítimas de exclusión, al modo de las
dictadas entonces por la Royal Navy.
Consideraciones en frío sobre las guerras mediáticas en curso
Sucede que durante años los periodistas enrolados en la dotación de
un determinado medio habían tenido libertad para colaborar en otros,
sobre todo si su sistema de difusión era de modalidad diferente. Así,
por ejemplo, su producción periodística en soporte papel podía tener un
destino exclusivo mientras que la destinada a la radio o a la televisión
era de libre oferta, o viceversa. Existen diversas escuelas de
pensamiento sobre si el periodista contratado por un medio ha de
entregarle toda su fuerza de trabajo o tan solo la que corresponde a un
determinado horario laboral. Lo más adecuado sería que la resolución de
las ambigüedades se remitiera al contrato entre las partes. En todo
caso, tanto los redactores como sus jefes a todos los niveles deberían
hacer renuncia expresa de instrumentalizar el medio a favor de intereses
o afinidades particulares. Una exigencia que habría de ser directamente
proporcional a la graduación ostentada por cada tripulante.
Aquí, el estilo es muy diferente porque prevalece aquello de que en
periodismo no hay abuelas y cunde la autorreferencia hasta la
saturación. Cuestión diferente es que los periodistas tengan la
obligación de sopesar cuánta desatención y cuánto sesgo de estereotipos
negativos brindan sus medios al estigmatizar unas veces de manera
directa y otras mediante la yuxtaposición de nombres propios,
preferentemente conocidos, a situaciones de violencia, corrupción o
delincuencia organizada. Habida cuenta de que ese proceder facilita el
paso de la contigüidad a la causalidad, de manera que la mera proximidad
muchas veces fortuita se interpreta como causa eficiente.
Se impone una renuncia expresa a instrumentalizar los medios
Desde luego, la cuestión de los damnificados por los medios es del
máximo interés aunque el corporativismo ambiental la haya venido
relegando. Está relacionada con la asimetría entre los particulares y
los medios. Además, en nuestro país viene agravada por la resistencia a
difundir las réplicas de los afectados. Aquí se entiende que quien calla
otorga; quien rectifica, ratifica; y quien acude a los tribunales ve
amplificada y reiterada la afrenta recibida. Amplificada porque su
demanda toma estado público y se multiplica su inserción en todos los
medios y reiterada porque cada vez que pasa por las innumerables
vicisitudes procesales da ocasión a que vuelva a recordarse el agravio
inicial. Luego, dada la lentitud de las instancias judiciales, cuando
llega la sentencia incluso favorable para nada alivia los efectos que ya
se han derivado de forma irreversible.
Es inválido el intento de refugiarse en la asepsia y desentenderse de
las consecuencias que desencadena la difusión de los hechos en forma de
noticia. Los periodistas deben asumir la responsabilidad de haber
elegido entre una infinidad multiforme aquellos hechos que inyectarán
como noticias en el torrente intravenoso de la actualidad. Se comprende
que mucha gente de ninguna forma quiera salir en los papeles, como
antes se decía, y que la prueba de una vida decente haya sido durante
muchas décadas haber aparecido solo en la esquela que daba cuenta de su
defunción.
Debería evitarse el paso de la contigüidad a la causalidad
De ahí las llamadas a la escrupulosidad de los medios que inducen el
juicio de sus audiencias y la advertencia de que se apliquen a erradicar
comportamientos desleales y sectarios. El manual de autoprotección a
distribuir cuanto antes a los ciudadanos convendría que señalara cómo
los medios especializados en comparecer como víctimas se asumen de
manera mucho más frecuente la función de agresores despiadados de
particulares sin capacidad alguna de réplica proporcionada o se erigen
en combatientes ardorosos contra algunas causas por el mero hecho de que
carezcan de valedores que las hagan respetar.
La Constitución incorporó en su artículo 20 el derecho a la cláusula de
conciencia. Que solo se haya invocado este derecho en una ocasión cuando
han sobrado tantas oportunidades recomendaría emprender alguna
reflexión. ¿O es que nunca ninguna publicación ha cambiado su línea
editorial de manera que a los redactores les hubiera valido la pena
invocar ese derecho y obtener así las condiciones de un despido
improcedente?
La autorreferencia ha cundido hasta la saturación degradante
En sentido contrario, se han formulado propuestas muy audaces, como la presentada en un librito sobre la libertad de prensa por
Pedro José Ramírez,
en favor de la instauración a la recíproca de la “cláusula de
conciencia empresarial”, a tenor de la cual, si fuera la empresa editora
la que se mantuviera fiel a los principios declarados y el periodista
quien cambiara de convicciones, podría ser despedido sin indemnización
alguna. Celebremos, pues, que esta segunda versión siga sin implantarse
abiertamente. En cuanto al derecho al secreto profesional en el
ejercicio de las libertades que reconoce y protege el artículo 20 de la
Constitución continúa el debate sobre si se trata de un derecho o si más
bien es básicamente un deber que debe honrar el periodista respecto a
su fuente.
La cuestión de los damnificados por los medios se ha venido relegando
Llegados a este punto subrayemos que la calidad redunda de modo
directo en la independencia de los medios y, por tanto, de las
libertades siempre amenazadas de oxidación. Reconozcamos también que
esta vez la crisis, en vez de prosperidad, está generando precariedades a
los medios, que las precariedades dificultan el disentimiento e inducen
a la sumisión, que vician el resultado y que erosionan el valor de la
marca bajo la que se difunde una información carente del elemento
diferencial de credibilidad y prestigio exigible. En definitiva, que el
periodismo solo prevalecerá anclado en la responsabilidad y la visión
crítica y para eso harán falta periodistas profesionales.
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
