FUENTE: http://canariasenlanube.wordpress.com/2012/12/23/la-reforma-neofranquista-de-wert/
Los recortes y reformas que está imponiendo el ministro Wert suponen
una auténtica masacre de la educación pública y una vuelta al modelo
escolar franquista, elitista y segregador. Darán al traste con los
principales avances en la educación pública que se habían conseguido
durante la democracia, como un incremento notable de la red de centros
públicos y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula,
ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total
desde los 3 años y mayor acceso a estudios superiores de las capas
populares.
Esta línea de conquistas viene siendo sistemáticamente atacada desde
hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los
gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos
Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio,
poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la
enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de
privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria
de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos
años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando
todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento
económico de lo público.
Los recortes aplicados suponen no sólo la pérdida de 100.000 plazas
de profesorado para el próximo curso, sino que conllevan además la
eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa
educativa, la práctica desaparición de la formación permanente del
profesorado, la precarización de la función docente (mas horario
lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas sólo a partir del
décimo día) y la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la
ratio alumnado-aula), que tendrán una grave repercusión en la calidad
educativa.
Estos tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA en
años precedentes, reduciendo plantillas, salarios, gastos de
funcionamiento de centros, tutorías, desdobles y apoyos, materias
optativas, programas de apoyo y refuerzo, módulos de
formación profesional,
servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de
libros de texto, de comedor y actividades complementarias. Con estas
medidas, el incremento del fracaso escolar está asegurado.
Y todo ello a la vez que se han extendido los conciertos educativos,
incluso en etapas no obligatorias. No sólo se está subvencionando a
familias que optan por centros privados de élite, sino que la
financiación pública a la educación privada ha crecido un 30% entre 2005
y 2010, en plena época de crisis y recortes a la educación pública,
según los recientes datos del INE.
A todo esto hay que sumar el salvaje recorte en Educación Superior y
en I+D+i, a la par que la feroz subida de tasas universitarias, el
aumento de horas lectivas del profesorado universitario, convirtiendo la
docencia en una especie de “castigo” para los no investigadores y
expulsando al profesorado asociado por miles.
Este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la
educación pública se busca justificar ideológicamente con la enésima
reforma educativa, que ha anunciado el ministro Wert, eufemísticamente
denominada ‘Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación’. Esta
auténtica contrarreforma educativa no sólo da pasos en sentido contrario
a los criterios pedagógicos actuales y a las evidencias científicas
vigentes en el campo de la educación, sino que avanza exactamente en
sentido contrario, recuperando las reválidas superadas del franquismo,
atacando frontalmente la equidad social y segregando al alumnado desde
los 12 o 13 años. Sus ejes básicos giran en torno a seis principios
fundamentales.
El primero, convertir la educación en una carrera constante de
obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa.
Apuesta por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen,
frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y
motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del
esfuerzo” y “carrera meritocrática”. En vez de buscar estrategias y
formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el
aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y
sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la
educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista
de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y
socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar.
El segundo eje sobre el que pivota esta contrarreforma es reducir el
número de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos
mínimos, que es lo que se viene llamando en la terminología
neoconservadora “volver a lo básico”. Dedicar así la educación
obligatoria a preparar mano de obra barata, dotada con meros
conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado
laboral
precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema
de las tres “ies”: “Ingles, Internet, Impresa” (traducido en España,
este último, por “espíritu emprendedor”). Sólo quienes logren superar
todas las reválidas que se pretenden imponer podrán acceder a una
formación más completa y cualificada, dirigida a cubrir empleos técnicos
intermedios o a puestos directivos quienes puedan pagarse las nuevas
tasas de los máster universitarios.
El tercer principio es segregar, seleccionar y clasificar cuanto
antes al alumnado mediante “itinerarios”. Itinerarios que son una
restauración de la LOCE de Aznar y que no conducen a reducir el abandono
y el fracaso escolar, sino a eliminar progresivamente la igualdad de
oportunidades y la formación común durante la etapa obligatoria. Se
deriva cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades
hacia la FP, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría,
destinada a quienes no logren acceder a Bachillerato. Los programas de
cualificación profesional, una vía para aquel alumnado con mayores
dificultades de aprendizaje y que sólo se tiende a utilizar en último
extremo, después de haber agotado todas las medidas de atención a la
diversidad, se adelantan a partir de 2º de la ESO, es decir, con menos
de 15 años. Además se empuja a estos programas al alumnado que tenga
“situación socioeconómica desfavorable”, equiparando así pobreza y poca
capacidad para el estudio, poniendo al mismo nivel ambas realidades, la
de tener dificultades en los estudios con vivir en una familia con bajos
ingresos económicos.
El cuarto elemento de esta nueva reforma educativa busca someter los
centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la
competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para
ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados. Con el fin
de que los “clientes” puedan comparar y elegir aquél que más ventajas
competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado
laboral. En este mercado competitivo las escuelas se hacen más
selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores
dificultades y que pueda hacer descender posición en el ranking de
centros.
El quinto elemento de esta contrarreforma es la instauración, en
coherencia con este modelo de competencia, del ‘pago por resultados’,
propio del mundo empresarial, en el ámbito educativo. Se trata de
aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las
necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con el puesto en el ranking.
Ya se está aplicando en algunas Comunidades Autónomas, condicionando la
financiación pública a los resultados obtenidos, mediante los
contratos-programa u otras fórmulas similares.
Finalmente, se complementan la resurrección de estas viejas recetas
franquistas con el sexto eje, la denominada “Nueva Gestión”. Es decir,
gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada,
mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de
financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública.
Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y
exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la
educación pública. A ello se añade la especialización de los centros
para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela; así
como la “profesionalización” de la dirección escolar como gerentes,
expertos en gestión empresarial y de recursos humanos, que gestionarán
los centros educativos públicos de forma “eficiente” y con rentabilidad
económica.
Por eso es más urgente que nunca que la comunidad educativa aúne
esfuerzos y comparta iniciativas contra estas políticas educativas del
PP, que suponen el ataque más grave a la educación pública desde la
transición, que nos retrotrae al modelo de escuela franquista y que, con
la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una
red subsidiaria y asistencial, mientras potencia e impulsa el negocio
creciente de enseñanza privada concertada en nuestro país. Nos jugamos
el futuro de nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto.
FERNANDO ALVAREZ RUANO
