El BOE es de Rajoy, igual que antes la calle fue de Fraga
El respeto por la justicia era esto: como los jueces no dan la razón al Gobierno y los tribunales no creen que manifestarse frente al Congreso sea nazismo o terrorismo o un golpe de Estado, el Gobierno ha decidido cambiar la ley. El BOE es de Rajoy, igual que antes la calle fue de Fraga. Por la libertad, que dice el presidente. Por la seguridad de los ciudadanos, que dice el ministro de Interior. Porque yo lo valgo. Y vale cualquier eufemismo para tratar de disfrazar lo que simple y llanamente es un nuevo intento de silenciar a la ciudadanía y alejar las protestas de los focos.
Hay un paralelismo entre el tratamiento que la derecha da en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana a la prostitución y a las movilizaciones ciudadanas. El objetivo es el mismo: solucionar los síntomas, no los problemas. Que no se vea para que parezca que no existe. En el caso de la prostitución, multar al cliente para alejar la explotación sexual de la calle –que se vayan a los siniestros moteles de carretera o a esos pisos bien en las zonas bien de las ciudades donde, de toda la vida, han ido siempre los señores bien–. En el caso de las protestas, sacarlas de cualquier lugar donde puedan ganar más visibilidad. Entre otras cosas, alejarlas del Parlamento, esa sede de la soberanía popular a la que le ha salido una muralla como si fuese un eccema o una erupción: como el símbolo irritante de esa distancia entre las instituciones y la sociedad.
¿Servirá de algo? ¿Lo que no se ve no existe? Depende. Servirá, si la ley pasa, para evitar el contagio. Rajoy aprovecha el cansancio en las movilizaciones ciudadanas para endurecer aún más las sanciones, un coste que se paga a crédito, tirando de la hucha de credibilidad que aún tiene esta democracia. El Gobierno está aplicando un manual previsible y ya cantado: criminalizar las protestas y forzar su radicalización para evitar que se vuelvan mayoritarias por el miedo a la violencia. Endurecer la represión, equiparando penalmente unas protestas pacíficas con el terrorismo de la kale borroka. Después bastará con disolver a porrazos y a multazos a los pocos que aún queden en la calle.
La receta es tan clara que no sorprende quiénes han sido los cocineros. Fue Ángel Acebes quien redactó un primer informe sobre cómo desactivar las movilizaciones del 15M, antes incluso de que Rajoy llegase al poder. Y ha sido un antiguo mando de los antidisturbios quien ha afinado la reforma de la ley.
El ejercicio de esta política demuestra cuáles son las prioridades. En un país donde varias decenas de ciudadanos han perdido un ojo por una pelota de goma (y algunas han muerto), el problema son los insultos a los policías. En un momento en el que los antidisturbios incumplen reiteradamente la ley al esconder su identificación para poder actuar con impunidad, lo intolerable son los manifestantes encapuchados. En un Estado donde las torturas y los abusos policiales acaban por sistema en un indulto, lo prioritario es encarcelar a quien lance una tarta. Y así, hasta la saciedad. Hasta que esta sociedad no aguante.
